Aplicación de la Resolución 216-2017 del Consejo de la Judicatura frente a la Ley Notarial

Resumen

El Estado ecuatoriano posee un compendio de normas legales dentro de las cuales se determina el derecho de las y los adultos mayores de gozar de exenciones y rebajas en diversos servicios públicos y privados, dentro de las cuales se hallan los actos y diligencias notariales.La Constitución, La Ley Notarial, el Código Orgánico de la Función Judicial, la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores y el Reglamento del Sistema Notarial Integral de la Función Judicial, determinan que los servidores públicos y las entidades privadas, deberán dar estricto cumplimiento a las exenciones en favor de las personas adultas mayores, en los términos y porcentajes preestablecidos por la ley. Por lo tanto, se entiende que; al ser las notarías representadas legalmente por Notarias y Notarios; auxiliares de la Función Judicial, están obligadas a hacer efectivo dicho derecho.Sin embargo, el estudio de casos presentado en el artículo científico, revela la realidad de la que son víctimas económicas, las personas de la tercera edad; puesto que, tanto el Sistema Informático Notarial (SIN), al presentar fallar técnicas; como, los funcionarios notariales al desconocer la correcta aplicación de la norma; generan que no se ejecuten las exenciones correspondientes; por lo que, finalmente, los adultos mayores, terminan cancelando las tarifas notariales en su totalidad, dando como resultado, la vulneración de sus derechos constitucionales.